El derecho al olvido

A veces quisiéramos olvidar un montón de cosas que nos atormentan, y otras deseamos poder fijar momentos, imágenes, palabras para recordarlas una y otra vez; sin embargo, la memoria funciona de maneras complejas. La tecnología, en buena forma, ha ayudado a paliar este problema: fotografías, videos, archivos. Pero esa misma tecnología puede ser usada para mantener vivo algo que ya cambió, que resolvimos, superamos.

En este último caso, hablamos de Internet y el registro que va quedando sobre todo lo que hacemos, escribimos, compartimos. Basta con “googlear” nuestro nombre, el de cualquier persona o institución, para encontrar alguna huella. Pero, ¿si en algún momento estuvimos metidos en un lío que ya se solucionó, y sigue intacto en la red?

De esto se trata el “derecho al olvido”, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha levantado una avalancha de comentarios por estos días. El primer paso fue dado por el abogado Mario Costeja, quien solicitó retirar de los buscadores información lesiva o que haya perdido vigencia y que afecte al involucrado.  La solicitud fue recibida por Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y el TJUE decidió entrar en juego por ser España un país miembro.

De acuerdo a esta resolución, cualquier persona en su país de origen en Europa puede hacer directamente un reclamo a Google (o cualquier motor de búsqueda) alegando el ejercicio de sus derechos de protección de datos; ya se han registrado al menos 200 casos.

Como lo explican los expertos para el diario El País (España), “el derecho al olvido permite impedir la difusión de información personal a través de Internet. Incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales cuando ya no tiene relevancia ni interés público y pueden lesionar los derechos de las personas, aunque la publicación original sea legítima (boletines oficiales, por ejemplo). Reconoce que se puedan ejercitar los derechos de cancelación y oposición. En el caso de los buscadores de Internet, supone limitar la difusión universal de enlaces cuando esta carezca de justificación y dañe al afectado”.

Entre algunos ejemplos, están personas que cometieron alguna infracción o falta, quedó recogida en archivos judiciales o medio de comunicación, y se mantiene en línea aun cuando ya fue cumplido el castigo. O también es el caso de ciudadanos sin relevancia pública que no quieren seguir manteniendo esa información en el dominio público.

La misma resolución establece responsabilidad a los buscadores sobre el tratamiento de los datos personales que procesan, aunque estos sean publicados por terceros, además de la obligación de atender las solicitudes en este sentido que hagan los usuarios.

En el caso de Google, ha dejado ver claramente su descontento. Pero en caso de hacer oídos sordos a los reclamos y  no someterse al proceso de investigación, podrían pagas multas de cientos de miles de euros en cada ocasión.

Por otro lado, “el derecho al olvido” no es un derecho absoluto, lo que implicaría una ponderación de los hechos cuando se entre en conflicto con algún otro derecho, como el de la libertad de expresión por ejemplo.

En estos momentos, esta resolución apenas está entrando en vigencia. Son muchas cosas las que quedan por ajustar y definir en la práctica, además de medir las reacciones (y la disposición de los buscadores) sobre esta nueva obligación que deberán cumplir.

¿Será el “derecho al olvido” una victoria para los usuarios? ¿Qué opinas sobre esta resolución?



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